La democracia no es un sistema perfecto: los intereses políticos y económicos se entremezclan con demandas sociales legítimas como el trabajo, la salud y la educación, entre otras. Para mediados del siglo XX, los gobiernos posrevolucionarios mexicanos se habían consolidado en el poder mediante el establecimiento de controles y candados destinados a mantener el control de la vida política. En 1946, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sustituyó a sus antecesores —el Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929-1938) y el Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938-1945)—, con lo que afianzó la idea de que la lucha armada iniciada en 1910 les pertenecía. Por tanto, no permitirían que las prácticas democráticas les arrebataran el poder. En este sentido, era necesario implementar mecanismos que, por una parte, reflejaran la idea de que México era una democracia y, por otra, evitaran que la oposición —surgiera de donde surgiera— tuviera oportunidad de hacerse con el poder.
Por estas razones, estudiar los procesos electorales del pasado resulta complejo y apasionante, sobre todo cuando surgen materiales inéditos que permiten acercarnos a ellos con nuevas perspectivas. Por lo general, los prejuicios existentes parecen reducir todas las elecciones a un nivel anecdótico respecto a los intentos democráticos de la oposición por enfrentarse al poderoso sistema político controlado por el PRI. Para acercarnos a estos eventos recurrimos, sobre todo, a fuentes escritas: periódicos, revistas e informes de autoridades estatales y federales, donde las acciones de ciudadanos y políticos son difíciles de analizar. Asimismo, la historiografía sobre los procesos electorales en el país ha propiciado que estos sean considerados como meras “simulaciones democráticas”, donde de antemano se sabía quién resultaría vencedor. No obstante, cuando se estudian con rigor, pueden observarse los cambios que impulsaron la evolución del sistema político y electoral del país. Cada elección —incluso las intermedias— experimentó transformaciones sutiles que, a la postre, hicieron posible la consolidación de las instituciones democráticas mexicanas.
La elección de 1952 tuvo sus propias particularidades. Por una parte, fue el segundo proceso en el que las autoridades electorales mostraron una evolución: en 1946 había surgido la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE), que, aunque dependiente de la Secretaría de Gobernación, contaba con representantes de los partidos políticos federales. También se había implementado y normalizado el uso de la credencial de elector con mecanismos de seguridad propios de la época; se formalizó la presencia de observadores y representantes de partido durante los comicios y el conteo de votos, entre otras medidas. Muchas de estas iniciativas habían sido propuestas por el Partido Acción Nacional (PAN). Aunque este representaba a la oposición, las sugerencias de Manuel Gómez Morin eran tomadas en cuenta por miembros destacados del gobierno, en muchos casos, incluso por el propio presidente de la República.
En 1952, los candidatos presidenciales fueron: Adolfo Ruiz Cortines, por el PRI; Miguel Henríquez Guzmán, por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) —agrupación conformada desde 1946 en un intento del sector disidente del PRM—; Efraín González Luna, por el PAN; y Vicente Lombardo Toledano, líder y fundador del Partido Popular (PP), quien había roto lazos con el PRI. Si bien las elecciones de ese año presentaron gran complejidad, las deficiencias y vicios del sistema electoral mexicano derivaron en una violenta protesta social, reprimida con dureza. Sin embargo, esto contrasta con el desarrollo de la jornada electoral del domingo 6 de julio, en la que no se registraron enfrentamientos ni asaltos a casillas, como había ocurrido doce años antes. Esta situación permitió que los miembros de la prensa, como Tomás Montero Torres, realizaran sin mayores inconvenientes un registro visual y testimonial de la jornada.
Ese 6 de julio, Montero Torres, fotorreportero, decidió filmar con una cámara cinematográfica el desarrollo de las elecciones federales en la Ciudad de México. Aunque el documento carece de sonido, las imágenes cuadro por cuadro son nítidas y reflejan lo que sucedía en la capital del país. Por ejemplo, se observa la asamblea del PAN, en la que su presidente y fundador, Manuel Gómez Morin, junto con otros dirigentes como Efraín González Luna, organiza a los representantes de distrito para asistir a las casillas y vigilar que el proceso fuera ordenado y sin irregularidades. Estos incipientes observadores de partido son figuras fundamentales que perduran hasta la actualidad. Si bien hoy existen formatos para registrar incidencias, en aquella época se elaboraban notas en hojas sueltas o cuadernillos, de los cuales sobreviven muy pocos.
Montero registró la asamblea de Acción Nacional y, posteriormente, salió a la calle con su cámara, captando largas filas de hombres —cabe recordar que entonces las mujeres no podían ejercer su derecho al voto— en los alrededores de las casillas. Estas, en ocasiones, eran mesas improvisadas a las afueras de algún inmueble; en otras, se encontraban en edificios públicos o privados, centros educativos o incluso en las aceras. Así, las calles de la Ciudad de México y sus habitantes se convierten en protagonistas: casillas en las inmediaciones del mercado Abelardo L. Rodríguez, en las esquinas de Rodríguez Puebla y República de Venezuela; en República de Guatemala, Balderas, Artículo 123; así como automóviles y autobuses del transporte público, la estación de trenes de Buenavista o el Colegio América en Tacubaya, entre otros espacios.
En 1952 sólo votaban hombres en un proceso todavía muy rudimentario
Asimismo, Montero captó a sus colegas mientras ejercían su oficio. Las imágenes muestran a periodistas y fotógrafos en busca de declaraciones e instantáneas. Destaca la presencia de figuras como Manuel Gómez Morin, líder de Acción Nacional; Fernando Casas Alemán, jefe del Departamento del Distrito Federal y aspirante a la candidatura presidencial del PRI; y Miguel Alemán, presidente de la República, entre otros. También sobresale la cobertura realizada en las instalaciones de la Federación de Trabajadores No Asalariados, un organismo vinculado al PRI. En esta secuencia se observa a diversos funcionarios recabando información sobre el proceso electoral: paquetes, cajas, mesas de escrutinio, entre otros elementos. Llama la atención la labor de las mecanógrafas, quienes redactan documentos mientras algunas preparan o sirven café o refrescos. En los pasillos, varios reporteros conversan o fuman.
Finalmente, es importante destacar cómo la cámara de Montero captó el despliegue del Ejército, así como de agentes de policía y una eventual ambulancia del Distrito Federal que recorrían las calles sin mayores contratiempos durante la jornada electoral. Esta medida se había adoptado seis años antes para evitar lo ocurrido en las elecciones federales de 1940, cuando los enfrentamientos entre almazanistas y avilacamachistas dejaron un saldo de muertos y heridos, especialmente en la capital del país, como lo relataría posteriormente Gonzalo N. Santos en sus memorias.
Los soldados vigilaban que los votantes no llevaran armas
Si bien la jornada electoral del 6 de julio de 1952 —hace ya 74 años— transcurrió sin incidentes mayores, el conflicto estalló tras la publicación de los resultados. Los henriquistas salieron a las calles para reclamar un triunfo que, afirmaban, les había sido arrebatado por las autoridades. Estas dieron a conocer resultados oficiales que favorecieron ampliamente a Adolfo Ruiz Cortines, quien asumió la presidencia para el periodo 1952-1958, en detrimento del general Miguel Henríquez Guzmán, quien en su segundo intento por alcanzar el poder se había distanciado del partido oficial desde 1950.
La respuesta de Henríquez Guzmán y sus partidarios no se hizo esperar. Uno de los episodios más violentos tuvo lugar en el Hemiciclo a Juárez, en las inmediaciones de la Alameda Central y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hubo detenidos y heridos, quienes fueron trasladados a agencias de policía y al Ministerio Público. Las protestas contra el autoritarismo estatal continuarían durante varios años. Todo ello confirma que la democracia en México ha experimentado numerosos cambios, pero también que su proceso de consolidación ha sido largo y complejo.
(*) En el Archivo Tomás Montero Torres estamos muy agradecidas con esta colaboración del Doctor, maestro y licenciado en Historia por la UNAM Francisco Alejandro González Franco. Fue jefe de Creación de Contenidos Digitales en Memórica-México. Es miembro del seminario La Mirada Documental desde 2009 (Instituto Mora-DEH-INAH). Ha colaborado en varios proyectos de investigación sobre historia social y política e impartido cursos y seminarios de Historia contemporánea, Historia de México, de las Relaciones Internacionales, Metodología de investigación entre otros, en la FFyL-UNAM, FCPyS-UNAM, ITAM, Instituto Cultural Helénico. Además, ha contribuido a catalogar diversos fondos documentales en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).